Según la Constitución española la soberanía nacional no reside en el Gobierno ni en las Cortes Generales, reside en el pueblo español del que emanan los distintos poderes del Estado.
Algo parecido sucede en la economía de un país, donde el crecimiento económico, la deflación o las crisis no son otra cosa que el resultado de la suma de decisiones de consumo, ahorro o inversión de cada ciudadano, de cada familia y de cada empresario, comerciante o pensionista. Y no se trata de infravalorar el peso de las administraciones públicas en este mecanismo, es que al final, las decisiones de de los estados, autonomías y ayuntamientos dependen en última medida de los que pagan los impuestos y compran la llamada “deuda pública”, que vuelven a ser en última instancia las personas.
Con esto quiero decir que al final, la “soberanía económica” también recae en el pueblo con la diferencia de que, en lo que tiene que ver con los dineros, las decisiones no son democráticas ni cada cuatro años. Los hombres, las mujeres, sin salir si quiera de su cada, están continuamente tomando decisiones sencillas pero de hondo calado económico (gastar o no más electricidad, consumir productos más caros o baratos, comprar en uno u otro supermercado, salir a cenar fuera, cambiar la tele,…), conclusiones a las que se llega tras un complejo proceso interno y personal basado en mecanismos de CONFIANZA.
Al final las personas, que son soberanas en sí mismas para los asuntos económicos, ejercen su autoridad para sumar o restar unos euros al Producto Interior Bruto nacional y con ello establecer si estamos en crisis, en recesión o en el mejor de los mundos posibles.
Poco puede hacer económicamente una maquinaria estatal para compensar una tendencia psicológica, profunda y personal de millones de españoles, convertidos en agentes económicos, sobre todo en una situación como la actual donde difícilmente llegarán de otros países las soluciones a nuestros problemas. El gobierno puede decir de gastar miles de millones de euros en reactivar la economía, pero si las personas no se lo creen, los restarán de sus gastos o inversiones personales y al final, en la suma total agregada del país el gran gasto estatal no afectará y los puestos de trabajo que haya creado se habrán destruido por otro lado.
A las personas, las familias y las empresas se les puede engañar una vez, pero es muy difícil engañarles más. Se precisa CREDIBILIDAD para que los mecanismos de transmisión de las decisiones económicas funcionen.
En estos últimos años el llamado Gobierno de España ha torpedeado los cimientos de confianza y credibilidad de nuestra economía y se ha derrumbado todo lo que había encima. Ahora toca volver a empezar, y serán los ciudadanos, convertidos a pequeña escala en arquitectos, encofradores y albañiles, los que van a decidir cómo y cuando se empieza de nuevo a construir el edificio económico nacional. Los españoles vamos a decidir cuando salimos de la crisis y esa decisión no se ejerce en una urna, sino en su bolsillo. El gobierno determina si perdemos en esto mucho o poco tiempo: podrá poner condiciones para que la recuperación vaya más rápida o colocará piedras en el camino para que sea más lenta.
Soy optimista porque me fío más de los ciudadanos actuando como agentes económicos, que de este Gobierno sectario más preocupado por la foto, que por los problemas de la gente.
Soy optimista, porque estoy seguro de que saldremos de la crisis, a pesar de este gobierno.
